El Instituto Federal de Telecomunicaciones prorrogó por 30 días hábiles la consulta pública no vinculante con la que busca recabar opiniones respecto a la efectividad de la política regulatoria asimétrica que aplica a las empresas del grupo América Móvil desde el año 2014.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) descartó la generación de incertidumbre por una prórroga de treinta días hábiles —43 días naturales— a la vigencia de la consulta pública que recaba opiniones sobre la practicidad de la política regulatoria a la que se sujetan las empresas de América Móvil desde el año 2014, una regulación especial que desde entonces trata de promover una mayor competencia en el mercado mexicano de telecomunicaciones con una mayor oferta de servicios, tarifas más accesibles y cobertura más amplia para los usuarios.
El IFT prorrogó treinta días hábiles la vigencia la consulta, ahora válida hasta el jueves 30 de marzo próximo y desde el miércoles 15 de febrero como la fecha última originalmente elegida para el cierre de este proceso.
Las empresas del grupo América Móvil, Telmex y Telcel, y también las empresas mayoristas Red Nacional Última Milla y Red Última Milla del Noroeste que están relacionadas con ese grupo económico, habían exhortado de manera separada al IFT que no cediera a las peticiones de la industria que solicitaron una ampliación de 90 días hábiles para la consulta.
Telmex y Telcel advirtieron que una ampliación de la vigencia de la consulta podría generarse una coordinación de estrategias de negocio o acuerdos entre los competidores, que pudieran lastimar la competencia en el sector. También dijeron que la consulta, como se planeó originalmente, ya superaba los plazos de veinte días utilizados para las consultas públicas de los años 2016 y 2019, como para agregar otros 90 días de para recabar de opiniones.
La prórroga a la consulta fue motivada por la una solicitud de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti). Esta organización, que agrupa a más de un millar de empresas de telecomunicaciones y de tecnologías de la información de todos los tamaños en todo México, argumentó que contar con un plazo mayor le permitiría a sus agremiados y otras empresas del sector presentar opiniones mejor fundamentadas respecto a la efectividad de la política regulatoria que sólo aplica a América Móvil.
Telmex y Telcel indicaron que la Canieti muestra un ánimo dilatorio con la consulta pública. Ambas compañías señalaron que, lo que consideraron como una dilación promovida por la Canieti, es contraria a las resoluciones del IFT sobre el agente económico preponderante del sector, que establecen que se realizaría una evaluación de impacto en términos de competencia cada dos años de la regulación asimétrica para América Móvil y sus empresas, empezando esas evaluaciones con una consulta pública.
También indicaron que la prórroga generaría incentivos de acuerdos entre competidores en perjuicio del proceso competitivo y por ende del beneficio de los usuarios al generar incertidumbre en los planes de inversión de Telmex y Telnor.
En respuesta, el IFT indicó que la consulta, de carácter público y no vinculante, es un ejercicio cuyo fin es recabar información sobre el funcionamiento de la política puntual para Telmex, Telcel y Telnor:
“El IFT considera que la consulta pública de integración es una forma de participación enriquecedora e inclusiva, la cual coadyuvará a la integración de insumos que permitirán adecuar oportunamente la regulación, con base en el impacto que las medidas asimétricas hayan tenido en el desarrollo de la competencia y libre concurrencia y, por ende, en el usuario (…) Respecto a los señalamientos de Telcel, Telmex y Telnor, no se identifican elementos que sustenten que se genera incertidumbre en el sector de telecomunicaciones ante una ampliación de plazo de la consulta pública”, dijo el regulador.
Semanas atrás, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la realización de una consulta pública para conocer el impacto de la regulación creada puntualmente para el grupo América Móvil y sus empresas filiales.
La consulta, definida para realizarse primero entre el 4 de enero y el 15 de febrero de este año, hace parte de las revisiones bianuales del IFT a la efectividad de la regulación particular que pesa sobre Telmex, Telnor, Telcel y otras empresas de AMX desde el año 2014 y que con el tiempo se ha ido actualizando, como por ejemplo en 2021 que el IFT consintió una libertad tarifaria para Telmex en 52 municipios del país.
Las revisiones tienen el objetivo de conocer la efectividad de la regulación asimétrica para América Móvil, y si es conveniente para el mercado mexicano de telecomunicaciones modificar o suprimir partes de ella, incluso si es necesario establecer una nueva regulación orientada a equilibrar el mercado a favor de los consumidores, después de que Telcel roza hoy los 82 millones clientes móviles, diez millones más que cuando el IFT le impuso su regulación asimétrica, como demandan Telefónica Movistar y AT&T.
Pero, por el contrario, Telmex ha sufrido pérdidas financieras y ha perdido importantes cuotas de mercado en telefonía fija y banda ancha, a favor de Izzi Telecom, Megacable y Totalplay —afiliados todos de Canieti—, que en 2022 rebasaron la marca del 50% de participación en varios de esos nichos de mercado de distintas ciudades de la República, hechos que animaron al IFT a valorar a algunas de esas empresas también como agentes con poder sustancial de mercado.
La del 2023 resulta ser la tercera revisión bienal del IFT a la regulación asimétrica. En 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones consintió que Teléfonos de México pudiera determinar libremente las tarifas por el servicio de acceso indirecto al bucle local que se utiliza en la provisión de Internet y telefonía fija. Esta fue el primer cambio hecho por la autoridad a su política regulatoria sobre Telmex en siete años.
