- Según el BCE, el 23% de las transacciones con estos productos, unos 70.000 millones al año, se usan para delinquir.
- La diputada europea asegura que España tiene estándares muy elevados de lucha contra el blanqueo y con autoridades muy reconocidas .
Eva-Maria Poptcheva (Plovdiv, Bulgaria, 42 años) conoce bien las instituciones europeas. Lleva desde 2012 trabajando en las tuberías del Parlamento Europeo en temas relacionados con la gobernanza económica.
Tras la marcha de Luis Garicano como eurodiputado en julio de este año, Poptcheva saltó a primera línea para ser la ponente del comité de asuntos económicos y monetarios que negocia la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) con el Consejo Europeo.
La autoridad lleva en el disparadero de la Unión desde 2015, pero la guerra de Ucrania y el aumento de la actividad delictiva a través de criptodivisas han vuelto a traer a la palestra a la nueva institución. El 23% de las transacciones con criptoactivos se usan para actividades delictivas, lo que, según un informe del BCE, representa unos 70.530 millones de euros.
Un asunto que, cada vez más, aumenta la preocupación entre las instituciones europeas por el crecimiento de la compraventa de criptomonedas en rublos desde la imposición de sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea.
¿Por qué es necesaria AMLA?
En los últimos años hemos tenido varios escándalos que han hecho saltar las alarmas. Un caso muy famoso fue, por ejemplo, el de la filial estonia de Danske Bank. Hablamos de 200.000 millones de euros blanqueados durante siete años desde Estonia a través de un banco que, además, tenía como clientes a muchos oligarcas rusos. Los supervisores de ambos países se dieron cuenta de que algo pasaba, pero al final el supervisor estonio no se entendió con el danés. Los técnicos investigaron, pero ninguno quería ceder su autoridad sobre estos asuntos.
¿Los Estados querrán transigir con esa cesión de competencias?
A nivel UE existe cierto nacionalismo económico. No hay gran interés por parte de los organismos nacionales, sobre todo de los que se benefician de sus legislaciones laxas, de cortar estos flujos. Los marcos regulativos son muy diferentes entre países, aunque ya haya una directiva sobre blanqueo de capitales. Las autoridades nacionales seguirán existiendo y serán ellas las que se ocupen de los blanqueos a nivel nacional. Donde haya riesgo de cruce de fronteras, entrará la Agencia Europea.
¿La guerra ha cambiado el enfoque del blanqueo?
Lo que está pasando en Ucrania ha acentuado la necesidad de vigilar el blanqueo para que las sanciones se implementen de forma eficaz. Nos hemos dado cuenta, aun más, de la importancia de tener un sistema de prevención potente en la UE porque hay muchas sanciones a ciudadanos rusos, pero después hay que ver cómo se ejecutan en los bancos.
En abril de este año la República Checa denunció a Chipre por bloquear la información sobre los propietarios de empresas rusas que operan en el país europeo.
Chipre está en muchos debates sobre blanqueo. Cuando los estándares son tan distintos y hay países con la legislación fiscal más débil, los criminales entran con mayor facilidad en el mercado único. Hemos visto que en la isla hay ciudadanos rusos que están en la lista de sancionados que pertenecen a consejos de administración de bancos europeos, por lo que el blanqueo les resulta muy fácil. Por esto es absolutamente necesario tener una autoridad a nivel de la UE que evite estas interferencias.
¿Cómo las evitará la Agencia?
La idea es que supervise el sector financiero de forma directa, principalmente a las grandes instituciones que actúen a nivel europeo, que son aquellas que tienen mayor riesgo de gestionar blanqueos entre varios países. Hay que atender a criterios de riesgo. Uno puede ser, por ejemplo, que la compañía tenga un número de clientes no residentes anómalo. Dado el caso, la Agencia, si demuestra que existe blanqueo, podrá imponer sanciones al 10% de los ingresos anuales. También queremos actuar sobre las acciones de Bolsa, la autoridad tendría la capacidad de sacar a estas personas de los consejos de administración. Otra cosa que queremos es que AMLA haga un análisis de dónde se encuentran las cuentas de las personas sancionadas para agilizar la implementación de las sanciones.
¿Cuál será el papel de las agencias nacionales?
Las unidades de inteligencia de las autoridades antiblanqueo de los Estados miembros son muy importantes, pero independientes. Se deberían coordinar, y lo hacen en muchos casos, pero sigue siendo voluntario y en casos dados pueden decidir no colaborar. AMLA podría obligarlo y coordinar a diferentes instituciones nacionales para hacer análisis conjuntos y fomentar el intercambio de información.
¿Y el papel de España en particular?
Por sus relaciones económicas y el turismo, nuestro país ha tenido que lidiar mucho con el blanqueo y tiene un marco legal muy potente. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) es una unidad muy competente y con buenos recursos y, en general, tiene una buena reputación en términos de cumplimiento con estándares europeos.
Las criptomonedas han demostrado ser un activo criminal importante, ¿se incluirá su supervisión en las competencias de la Autoridad?
Era una de las facetas que la Comisión no previó y que incluimos desde el Parlamento. Una de las principales características de los activos cripto es el anonimato, lo que se presta mucho para el blanqueo de dinero. Es una de las cosas que tendremos en cuenta para la supervisión. Como la autoridad será de nueva creación, será una oportunidad para modernizar las formas de perseguir estos blanqueos, teniendo en cuenta que muchas de las autoridades nacionales no tendrán los medios para perseguir este tipo de delitos.
¿Cómo pretenden legislar sin cometer vulneraciones de privacidad?
El derecho a la privacidad no es absoluto, el interés público contra el blanqueo de dinero ilícito obtenido a través de crímenes es también muy fuerte. Lo que es importante es que las medidas sean proporcionales y que los mecanismos sean muy garantistas, que se base todo en la búsqueda de pruebas y que las autoridades actúen convenientemente. La creación de la autoridad irá conjunta a un reglamento que regula el marco legislativo del blanqueo de capitales.
La ubicación de la sede de la Autoridad puede ser la primera que conceda el Parlamento Europeo. ¿Cuántas posibilidades tiene España de albergarla?
Esto siempre ha sido una batalla entre el Consejo y el Parlamento, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea elaboró una sentencia este julio en la que se establecía que las sedes se elegirán de manera conjunta entre ambas instituciones. España tiene buenas opciones, tiene estándares muy elevados de lucha contra el blanqueo, tiene autoridades muy reconocidas, pero hay muchos países que cumplen con esos criterios elevados. Lo que tenemos claro es que no vamos a premiar a aquellos países que, hasta ahora, no han querido tener un marco legal duro en términos de blanqueo de capital.
Fuente: cincodias.elpais.com
