La tecnología de vigilancia se suele vender como la solución definitiva para luchar contra la delincuencia.

Este es un extracto del informe de IFEX sobre las Américas de julio de 2022, republicado y editado en Global Voices Advox en virtud de un acuerdo de asociación con los medios de comunicación. IFEX (Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión) es una red global de organizaciones que trabajan en defensa de la libertad de expresión. Vea el informe completo aquí.

En los últimos años, la tecnología se ha impuesto como la solución preferida para combatir la delincuencia en la región.  No obstante, esta tendencia de los gobiernos de la región hacia el tecno-solucionismo ha recibido amplias críticas, sobre todo por la ausencia de análisis complejos que son necesarios para garantizar que el uso de estas tecnologías sea compatible con el respeto a los derechos humanos.

Una de las luchas actuales surge ante los continuos esfuerzos por parte de los gobiernos de instalar sistemas de reconocimiento facial y vigilancia masiva, sin consultar ni dar participación a la ciudadanía, empleando tecnologías desarrolladas fuera de la región sin mucho conocimiento del contexto en que se usarán. En muchos casos, las nuevas tecnologías son utilizadas por regímenes autoritarios para invadir la privacidad de los ciudadanos, afectando a comunidades de inmigrantes, periodistas, defensores de derechos y opositores políticos.

Uno de los casos polémicos de la tecnología de espionaje es Pegasus, que salió a la luz a principios de este año, gracias a una investigación encabezada por una coalición de organizaciones de derechos digitales (entre ellas Access Now, Citizen Lab y Social TIC) y que se focalizó en periodistas salvadoreños, por ejemplo los del galardonado medio de prensa centroamericano El Faro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado su profunda preocupación y ha instado al gobierno de El Salvador a esclarecer los hechos denunciados. Grupos de defensa de los derechos digitales emitieron una declaración conjunta en la que exhortaban a organismos internacionales y regionales a tomar medidas urgentes.

La tecnología de vigilancia que emplea datos biométricos continúa avanzando en Argentina, Brasil y Ecuador según un informe reciente dirigido por el miembro de IFEX, ADC (Asociación por los Derechos Civiles). El informe también señala a las compañías que están detrás de estas herramientas consideradas “peligrosas” y describe las políticas y prácticas implementadas por los gobiernos que vulneran los derechos de las personas. ADC indica que el uso de estas tecnologías se sigue propagando y subraya que es clave que el público en general esté informado y sea consciente de estas iniciativas, así como de sus aplicaciones problemáticas.

En otros casos se han logrado pequeñas victorias gracias a denuncias e investigaciones sobre el uso de la tecnología en espacios públicos y la recolección abusiva de datos. Así sucedió en Perú, donde la organización local HiperDerecho, junto con Access Now, presentó una denuncia que culminó el 14 de julio con la decisión de la Autoridad de Protección de Datos Personales de sancionar a la Municipalidad de La Victoria (Lima) por procesamiento de datos personales obtenidos a través de cámaras de seguridad.

Otra victoria para el derecho a la privacidad se dio en dos de las ciudades más grandes del continente: São Paulo, Brasil (en marzo) y Buenos Aires, Argentina (en abril). En ambos casos, la justicia local falló en contra de la utilización de sistemas de reconocimiento facial, dando esperanzas a los activistas de que se pueden lograr decisiones similares en el resto de la región.

Estados Unidos brindó un ejemplo extremo de cómo cambios radicales en la legislación pueden dar la razón a los defensores del derecho a la privacidad. La revocación de la sentencia conocida como “Roe contra Wade”, que eliminó el derecho al aborto como derecho constitucional, hizo saltar las alarmas sobre el uso de datos de salud reproductiva en línea. En este sentido, el miembro de IFEX, EFF (una organización sin ánimo de lucro basada en los Estados Unidos), ha estado impulsando la aprobación del proyecto de ley “Mi cuerpo, mis datos”, dirigido a “proteger la privacidad y la seguridad de quienes buscan atención médica para cuestiones de salud reproductiva”, a la vez que sigue una investigación encabezada por tres integrantes del Congreso (iniciada en julio) sobre la recolección y venta indiscriminada de datos por agentes de datos.

Desde hace unos años, la vigilancia digital pública ha estado bajo la mira de varias organizaciones en las Américas y ha sido objeto de numerosas campañas de concienciación e intensas investigaciones que proporcionan una buena base para la labor actual y futura en defensa de derechos. Por ejemplo, el miembro de IFEX, Derechos Digitales, ha publicado informes sobre el uso de algoritmos para vigilar zonas urbanas y los impactos de la vigilancia más allá de la privacidad en los casos de Venezuela y Bolivia. En 2021, Derechos Digitales se unió a varias organizaciones, incluidos varios miembros de IFEX como Fundación Karisma, ARTICLE19 Oficina México y Centroamérica, R3D y FLIP, para advertir sobre los riesgos del ciberpatrullaje, es decir, la vigilancia de las actividades de los usuarios de internet por la policía y otras autoridades.

Las prácticas y la tecnología de la vigilancia siguen avanzando en las Américas. Aun así, las organizaciones locales e internacionales intentan estar atentas a estos avances, difundirlos y esforzarse por conseguir victorias judiciales para limitar sus impactos negativos en las comunidades.

Fuente: es.globalvoices.org

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